¿DE QUE HABLAMOS CUANDO HABLAMOS DE RAZON?

En el transcurso de los últimos meses se ha puesto en tela de juicio, entre otras cosas, la cuestión de la redistribución del ingreso. Si bien los cuestionamientos pasaron por alto datos altamente significativos en cuanto a los avances realizados en esta materia, como son la enorme disminución del desempleo y/o la baja en el padrón de planes sociales como resultado simétrico que ratifica lo primero, no se apeló tanto, en lo público al menos, como en otras oportunidades históricas a cuestionamientos a la política de fondo. Es decir se cuestiona la eficacia del gobierno en orden a la aplicación de esta política, no a la política misma. Se “corre” al gobierno con su propia medicina. Desde sectores de oposición, sean estos políticos y/o económicos se censura la supuesta voracidad recaudatoria con el argumento de que esta no se ve paralelamente reflejada en una mejora de los índices sociales. Es verdad, o al menos existen algunos indicios, que estos índices parecen haberse estancado e inclusive pueden haber sufrido algún retroceso.


Hasta aquí podríamos estar de acuerdo, y habría que festejar alborozadamente, ya que esto significaría que los principales sectores que cuestionan, principalmente sectores medios y medios altos de centros urbanos y rurales, han recuperado un alto grado de solidaridad social y asumido como propios objetivos de avances sociales orientados a beneficiar a aquellos más desprotegidos y vulnerables, que aún no han sido integrados a la comunidad en condiciones mínimamente aceptables en cuanto a salud, educación, trabajo, vivienda.

Sin embargo el cuestionamiento, correcto en primera instancia, no lleva a una conclusión que significaría políticamente una crítica pero a la vez un apoyo a una política que apunte a reforzar y avanzar más rápidamente en la obtención de esos objetivos. No, por el contrario, se plantea una reconversión de la política de ingresos, en los hechos un abandono de esa política, ya que “habría quedado demostrado” que la misma no se practica. Por lo tanto en los hechos se propone, más, se exige, que los ingresos y su distribución queden en manos de quienes, también supuestamente, los generan, arrebatándola a la política de estado.

Cotidianamente nos enfrentamos a cuestiones que son llamados de atención, que nos requieren un esfuerzo para analizar y ratificar o modificar nuestro pensamiento y sobre todos nuestros actos.
En La Nación del día de hoy un artículohttp://www.lanacion.com.ar/EdicionImpresa/politica/nota.asp?nota_id=1009491
revela que la justicia porteña (el distrito de más alto nivel educacional del país, y de mayor nivel socio económico) ha iniciado causas por incumplimiento de las obligaciones que nos impone la norma electoral en las últimas elecciones nacionales.

Si bien se conocían las dificultades para la conformación de las autoridades de mesa, no existían datos concretos de dicha situación. Sí fue ampliamente denunciado por los medios y por algunos sectores políticos la denuncia por falta de boletas y fundamentalmente por las demoras en el cierre de los comicios, lo que llevó a algunos a declarar el “fraude electoral”!!!!

Esto es una muestra más de que, más allá de los actores y de sus características, no hay una conducta en línea con los argumentos que se exponen. Sólo se trata de un discurso, “políticamente correcto”, pero no asumido en conductas coherentes. Lo que la ley prevee es precisamente la manera de evitar tales sospechas y los ciudadanos son responsables de ello.

Sin embargo esto no es asumido. No llama la atención, pues constituye un modelo de conducta común, muy difundido y presente en todas las cuestiones que hacen a la responsabilidad de nuestras conductas, ya sean éstas electorales, impositivas o de tránsito, el comentario enviado a dicho artículo por “Tito_el_Cambusa”, así su nic, que dice: “No tienen vergüenza en hacer eso! Acaso los jueces no se dieron cuenta de que la gente no cumple porque los políticos hacen lo que se les canta? El día que los presidentes, gobernadores, diputados, senadores, concejales, consejeros y demás parásitos laburen para el pueblo y no para sí mismos, la gente va a volver sola y van a ser presidentes de mesa con todo gusto”.

En estos días, también, se está cuestionando duramente el proyecto del tren bala Buenos Aires, Rosario, Códoba. No tenemos una posición definida sobre este proyecto, en principio estamos más cerca de estar en desacuerdo, aunque podemos estar en desconocimiento de algunas cuestiones no menores, como pueden ser el efecto multiplicador en lo económico que puede generar, el aporte a la industria local en incorporación de tecnologías de punta, el efecto empleo, la influencia que puede tener en materia de desarrollo turístico, etc.

Paralelamente a esto vemos que, según datos de la CNC (Cominisión Nacional de Comunicaciones http://www.cnc.gov.ar/indicadores/estadisticas/movil.asp la densidad de teléfonos celulares por habitante evolucionó de 2002, con 17 cada 100, a 103 cada 100 en 2007, un dato equivalente a los más altos índices de Europa y que demuestra la recuperación, y aún la superación del consumo de algunos sectores. Existen a la fecha algo más de 41.000.000 de teléfonos celulares en nuestro país. Aún sin contar con una distribución por sectores sociales no es difícil imaginar que los mismos están localizados en sectores medios y medios altos, que son los que más hacen oir sus cuestionamientos al proyecto del tren bala. La utilización de los mismos en cuestiones exclusivamente productivas y/o de trabajo es muy dudosa.

Especulando que la utilización de los mismos es productiva en un 50% y suntuaria en un 50%, la suma dirigida a este consumo sería, a un promedio de $ 40 mensuales (hipótesis conservadora) de $ 19.680.000.000.- al año, y el 50% de dicha suma $ 9.840.000.000.-, equivalentes a unos u$s 3.000.000.000.- anuales.

Resulta claramente visible que una cifra así podría ser casi suficiente para financiar el proyecto del tren bala, o cualquier otro que resultara significativamente prioritario.

En orden a una política de redistribución de ingresos estas no son cuestiones menores. Hay sectores que pueden y deberían racionalizar su consumo y, con esos ahorros, financiar las obras necesarias para un desarrollo más integrado económica y socialmente.

La justicia, lo justo, no puede estar enfrentado a la verdad. Y esta no puede estar en oposición a la razón. Una actitud mecanicista otorga mayor razón a quienes tienen el privilegio de una mayor o mejor educación. Pero la razón requiere un esfuerzo permanente en su desvelamiento y una práctica constante, una conducta, en lo colectivo pero también en lo individual, coherente con la razón y la verdad. De lo contrario asistimos a una conducta alienada de la razón y la justicia, no importa quienes o que grado de educación y/o instrucción tengamos. La alienación, en menor o mayor grado nos alcanza a todos. Particularmente a aquellos que estamos más estrechamente integrados a modelos de vida imperantes. Imperantes no por lo “aprendido” en las escuelas, los colegios o las universidades, o al menos no sólo por eso, sino fundamentalmente por lo impuesto por la costumbres, siempre determinadas por las modas, las apariencias y fundamentalmente por su gran creador: el Mercado. Y si, en pleno uso de nuestras capacidades y libertades intelectuales, algo nos tuviera que dar verguenza, como dice la propaganda que ilustra este artículo, no debería ser nuestro celular.

El esfuerzo justo y socialmente democrático debería ponerse en liberarnos, por el ejercicio de la razón y la búsqueda de la verdad, de tales condicionamientos a nuestras conductas.

Ricardo Greco