CALVO Y CON DOS PELUCAS

A continuación hacemos transcripción completa del artículo de hoy de Carlos Pagni (en negro) y nuestras réplicas (en azul entre líneas)

CRISTINA Y LA FALSA COARTADA DEL LAWFARE

Por: Carlos Pagni

En su discurso de apertura de sesiones ordinarias del Congreso, Alberto Fernández volvió a poner en tela de juicio la calidad del Poder Judicial. En especial, la del fuero penal federal de la Capital, conocido como Comodoro Py. Es el encargado de investigar las irregularidades de los gobiernos. Ese cuestionamiento está inspirando una reforma de esos tribunales. El Presidente pretende licuar su poder multiplicando los juzgados, y desconectándolos de la influencia que durante tanto tiempo los servicios de inteligencia ejercieron sobre ellos. Es al menos dudoso considerar que el objetivo de la reforma sea "licuar" el poder de los jueces, y mucho más pensar que eso puede asegurarse a través de la multiplicación de los juzgados. Eso podría derivar en un efecto contrario.

Por otra parte no se trató de una influencia pasiva recibida por los magistrados, si no de un contubernio, en muchos de los casos. Tanto es así que, en algunos casos, los jueces fueron designados a instancia de los servicios. Caso prototípico la designación de Sandra Arroyo Salgado, esposa de Nisman en ese entonces, que fue designada por influencia de J.Stiuso a pedido de Nisman y reemplazó en el juzgado federal de San Isidro al juez Marquevich, quien fue eyectado por haber osado detener a la dueña de Clarín por la adopción o apropiación ilegal de sus hijos. Detención que duró lo que una ventosidad en una canasta.

En ese contubernio entre jueces, fiscales y servicios de inteligencia en el que también participaron algunos medios y periodistas, Pagni fue uno de ellos. 

Cabe recordar cuando se ventiló el caso de la distribución y/o venta de información confidencial obtenida con herramientas facilitadas por los servicios de inteligencia, a través de una organización encabezada por Juan Bautista Jofre (de extracción radical y ex director de la SIDE de Menem), causa por la que oh, casualidad!!, Pagni fue procesado por la jueza Arroyo Salgado y desprocesado por ella misma el 30/12/2015 (cambio de gobierno). También estuvo involucrado en maniobras de extorsión realizadas a partir de la amenaza de la publicación de noticias falsas con fines económicos en perjuicio de Repsol YPF (¿maestros e inspiradores del método Marcelo Dalessio-Daniel Santoro?)

La política judicial de Fernández no supone, al menos hasta ahora, una negación del nivel de corrupción que existió durante las gestiones de Néstor y Cristina Kirchner. No se niega integralmente la presunta existencia de corrupción, aunque sí se puede poner en duda su nivel, pero lo que puede cuestionarse abiertamente es su tratamiento en las distintas esferas, tanto la periodística como la judicial. No solo él ha afirmado, ya como candidato del Frente de Todos, que cuando vio irregularidades renunció. No tenemos constancia de lo que se afirma, si alguien la tiene que la aporte. Bajo su mando, en una muy correcta decisión, la Oficina Anticorrupción, la UIF y la AFIP no han desistido de ser querellantes en todas las causas abiertas contra funcionarios de su propio partido o contra empresarios relacionados con ellos. La demostración de esta posición fue que, hace 15 días, la AFIP pidió 8 años de prisión para Lázaro Báez, acusado de ser el jefe de una banda dedicada al lavado de dinero que este empresario obtenía por su relación con Néstor Kirchner. Es decir, con el esposo de la vicepresidenta y el padre del jefe de la bancada de diputados oficialistas. Ayer, la UIF también pidió la prisión de Báez y de otros acusados. Solo que nueve años. Uno más que la AFIP.

Los funcionarios del Estado, que tiene una continuidad como persona jurídica aún ante cambios de gobierno, no pueden renunciar a las acciones emprendidas judicialmente, so pena de ser acusados de incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos. Obligación que no se cumplió en el caso del juicio trucho iniciado ante el CIADI por los concesionarios de peajes pese a la opinión del Procurador del Tesoro Carlos Balbín -designado en el cargo por el gobierno macrista- y colaboradores y que concluyó con una negociación espuria y lesiva para el Estado Nacional y la eyección de los nombrados de sus cargos respectivos.

No es esa la perspectiva de otros dirigentes relevantes del mismo oficialismo. Entre ellos, está la señora de Kirchner, que el último lunes pasó varias horas en Olivos discutiendo con el Presidente la política oficial en relación con Tribunales ¿Fue informado esta reunión y su temario en forma oficial o extraoficial en los medios? ¿O seguirá Pagni recibiendo información de los servicios, o acaso alguna escucha clandestina?. La defensa de ella, siguiendo a la de otros acusados en la causa sobre contratos de obra pública, pidió que el Estado deje de querellar. Para este sector, los procesos sobre corrupción han sido el resultado de una persecución orquestada por el gobierno de Mauricio Macri, que se sirvió de un instrumento principal: el uso indiscriminado de la prisión preventiva. Esa política encarnaría, en la escala local, un movimiento internacional, promovido por los Estados Unidos, para vilipendiar a gobiernos que pretendieron mejorar la distribución del ingreso. En este contexto se inscribe, por ejemplo, el Lava Jato brasileño, que condenó la impresionante maquinaria de contratos espurios que tuvieron lugar en, entre otras empresas, Odebrecht y Petrobras. Hay episodios, como la caída del ultraliberal peruano Pedro Pablo Kuczynski, que esta teoría no logra contener.

El Lava Jato brasileño tiene múltiples aristas, algunas de las cuales son muy cuestionables, como puede ser la condena a Lula con la única y sola prueba de la convicción del juez Moro. Juez que era frecuentemente invitado y recibido en EEUU. Sospechoso, y más teniendo en cuenta, por otra parte, que Odebrecht resultaba una piedra en el zapato de la mafia de la construcción de EEUU al tener una participación creciente en el mercado internacional de obras importantes. De Petrobras puede especularse que sus reservas petroleras del presal son un botín muy apetitoso, por ahí anda la Cuarta Flota, creada en 1943, disuelta en 1950 y reflotada (valga la redundancia) en abril de 2008, apenas unos meses después del anuncio del descubrimiento de los yacimientos de petróleo del presal en noviembre de 2007...Pero es de gran importancia y no puede dejar de señalarse además la -hasta ahora-, abortada derivación del caso en la Argentina a través del vínculo de Odebrecht con las empresas del grupo Macri.  

El kirchnerismo que lidera la vicepresidenta define esta presunta patraña como lawfare. Es el término anglosajón que denomina lo que en la teoría clásica se llamó derecho penal del enemigo. Esa perversión autoritaria consiste en estigmatizar a un grupo en razón de su presunta peligrosidad, para someterlo luego a juicio sin ningún tipo de garantías. Juan Perón defendió con gran poder de síntesis esta inclinación cuando adoctrinó: "Al amigo, todo; al enemigo, ni justicia".

Haciendo caso omiso del tiempo y el contexto en el que eso fue dicho podría ser condenable el mensaje de esa frase en tiempos de democracia política, que no era el caso, acabábamos de salir de una de las varias dictaduras reconocidas como gobiernos legítimos por el poder judicial y los medios de comunicación que duró siete años, a través de elecciones en las que infantilmente, si se quiere, se lo prescribió a Perón. En fin... 

De todos modos, en función de la verdad histórica uno podría concluir que se trató de una fanfarroneada de Perón, como tuvo otras, que muy lejos estuvo de hacer relidad (P.ej. "Por cada uno de nosotros caerán cinco de ellos") porque también se declaró como un león herviboro. Y en definitiva quienes mejor aprendieron y  practicaron esa doctrina fueron los que, en apariencia, la condenan y que han recibido de La Nación su sustento doctrinario.

No nos olvidemos que una Constitución Nacional fue derogada por un decreto simple emanado de autoridades inconstitucionales.

Cristina Kirchner y su grupo más inmediato se presentan como víctimas de este pretendido lawfare, por el cual el poder político hostigó desde los tribunales a un grupo de opositores inocentes. Esa maniobra, según ellos, se sostuvo en las denuncias de la prensa y en la manipulación de la prisión preventiva. También, consignó la vicepresidenta, por la acción de agencias del Estado. ¿La UIF, la AFIP y la Oficina Anticorrupción, a las que Fernández no ordenó suspender sus querellas? No lo aclara.

Para aceptar esta tesis kirchnerista hay que olvidar muchas cosas. Demasiadas. Bueno, nosotros nos estamos acordando de algunas de Pagni se está olvidando, ¿serán parte de las demasiadas? Es verdad que la prisión preventiva es un instituto que pone en tela de juicio un principio sagrado del orden jurídico liberal: la presunción de inocencia. ¿Muy sagrado para todos pero no tanto para algunos, no? Nadie merece ser privado de la libertad si antes no fue condenado en un juicio justo. Esa regla solo puede ponerse en suspenso cuando hay pruebas contundentes de que, en un caso específico, el acusado está en condiciones de obstaculizar el proceso o de fugarse.

La vicepresidenta tiene razón cuando señala que, en los últimos años, muchos excolaboradores y amigos suyos fueron privados de su libertad de manera indiscriminada. Pero de ahí no se deduce que se tratara de individuos irreprochables, lejanos de toda sospecha. No se trata de libres de toda sospecha, si no de libres de toda condena firme ¿qué es lo que no se entiende, Pagni?  Ni que el edificio penal estuviera malversado en todas sus instancias. Tampoco que las prisiones obedecían al gobierno de Cambiemos. Sobre todo porque, si hay que imaginar nexos políticos, los magistrados más activos, como Claudio Bonadio o Guillermo Marijuan, estaban más próximos a Sergio Massa que a Macri.

Es obvia la intención de Carlos Pagni (y de La Nación toda) de meter una cuña primero entre Alberto y Cristina y luego también con Massa. Esfuerzo que está presente permanentemente desde el primer día que acordaron la fórmula presidencial.

La historia fue distinta. Los jueces de Comodoro Py no necesitaban recibir órdenes para pedir la captura de funcionarios de los Kirchner porque tenían un imperativo mucho más poderoso. Muchos de ellos, con poquísimas excepciones, corrían el riesgo de que se advirtiera que, durante 12 años, habían sido parte de la megacorrupción kirchnerista como proveedores de impunidad de los sospechosos.

La indiferencia judicial frente al saqueo del patrimonio público no solo había constituido una inercia por más de una década. Se agravó durante el año 2015 porque, como publicó LA NACION repetidas veces en aquel momento, varios magistrados, algunos de los cuales ayer estaban retirados, habían pactado con el oficialismo de entonces suspender cualquier decisión procesal que pudiera afectar la carrera de Daniel Scioli. El candidato del Frente para la Victoria era amigo de muchos de ellos. Y hasta le había prometido a alguno ser parte de un eventual gobierno suyo. Obvio: en el área de inteligencia. Quiere decir que al escándalo de la corrupción se superpuso el escándalo de la impunidad. Todo presunto, claro...

En este marco, como se comentó este lunes en el programa televisivo Odisea Argentina, LA NACION comenzó a elaborar un relevamiento sobre el estado de las causas por corrupción que se seguían en los juzgados de Comodoro Py. Fue parte de una cobertura más amplia y sistemática a través de la cual este diario viene dando cuenta, desde hace años, del deterioro de la Justicia Federal. Es decir, del fenómeno que ahora ocupa al Presidente.

El resultado de ese trabajo fueron dos notas que se publicaron el domingo 3 de abril de 2016. Una con el título "Los jueces federales recobran su centralidad" Ah...de villanos a héroes del sábadp al domingo y la otra como "Comodoro Py, uno por uno". Para realizarlas, los periodistas formularon consultas en los juzgados ¿esas consultas fueron para averiguar las inacciones que ya conocían o fue el atajo para que los magistrados se dieran por enterados de que iban a escracharlos?. Esas consultas despertaron en los magistrados la preocupación de que quedara expuesta su inacción de tantos años. En este contexto, se precipitó la captura del exsecretario de Transporte, Ricardo Jaime, ¿Las detenciones se precipitan? como el agravamiento de una enfermedad o el desencadenamiento de una catástrofe natural, por ejemplo. Uno estaba convencido que esas cosas las decidían funcionarios del poder judicial ,en una causa por la compra de material ferroviario a España y Portugal, que seguía el juez Julián Ercolini. 

La prisión preventiva de Jaime fue muy poco ortodoxa. Se dispuso cuando todavía no se le había tomado declaración indagatoria. Ah bueno….¿A eso se le puede decir "poco ortodoxa", no sería más justo tratarla de "muy irregular"? Cuando ya tenía un pasaje comprado para presentarse en otra causa tres días después. Y, lo más curioso, se ejecutó un sábado. Es posible que para que saliera en los diarios el domingo, compensando un inf orme que daba a entender que el Poder Judicial estaba paralizado. Nada de curioso, sino premeditado para asegurar el impacto mediático, no jodamos...

La señora de Kirchner emitió un tuit diciendo que "un conocido periodista acaba de 'informarnos' (claro que cuatro años después) que en el año 2016 el diario La Nación estuvo a punto de dedicar una tapa de domingo a los jueces de Comodoro Py que no habían 'perseguido' a funcionarios de nuestros gobiernos".

Es evidente que nadie ayudó a la vicepresidenta a precisar la información. Una simple búsqueda en la web de LA NACION le haría notar que las notas se publicaron. Lo que se afirmó el lunes fue que "cuando estaban a punto de publicarse" los jueces reaccionaron. No que no se habían publicado. Se habrán publicado, pero no en tapa como estaba planeado y Pagni de su propia boca confesó en su programa televisivo. La tapa sí reservó un lugar para la detención de Jaime. De leer el texto, también podría advertir que allí se describía un estado de cosas, sin reclamar acción judicial alguna. Menos todavía la captura de nadie, como ayer publicaron, por mala fe o haraganería, periodistas abocados a la propaganda oficialista. ¿No conoce el Sr. Pagni la existencia y función de los llamados metamensajes, tan conocidos y usados en los medios políticos, judiciales y especialmente mediáticos? ¿Acaso se trata de un comentarista tan reputado y simultáneamente tan ingenuo? No lo creemos, después de todo él sabe perfectamente cómo funcionan las extorsiones mediáticas. Lo que hizo LA NACION fue consignar en qué estado estaban las investigaciones sobre los funcionarios de ella y de su esposo. Es raro el punto de vista de la vicepresidenta. Si ella y sus subordinados y amigos estaban tan seguros de su inocencia, deberían haber sido los primeros en reclamar la celeridad de los procedimientos. Cosa que Cristina, a través de sus abogados efectivamente ha hecho.

No hace falta justificar la legitimidad periodística de aquella publicación de 2016. Por ejemplo: el día de la captura, el expediente sobre Jaime llevaba ya tres años sin que siquiera se lo llame a declarar. Estaba acusado de imponer, para la compra de material ferroviario, una sociedad intermediaria, presidida por un jubilado de 86 años, que se llevaría el 25% del monto del contrato. Otro caso: cuando revoleó 9 millones de dólares tras los muros de un convento, el exsecretario de Obras Públicas de la señora de Kirchner, José López, ya llevaba 8 años con una causa abierta por enriquecimiento ilícito. en el video de conocimiento público no se ve ningún revoleo de bolsos tras muros pero se ha instalado esa expresión, y Pagni la repite, porque cumple con el propósito de ofender mejor la sensibilidad del público en general, digamos que le da una pátina de cierta displicencia con la que se maneja un dinero que es una fortuna para la mayoría de los argentinos. Ocho años en los que, si se sigue el criterio de la vicepresidenta, los jueces hicieron lo correcto: no lo "persiguieron". Hernán Capaccioli recaudó dinero de droguerías ligadas al tráfico de efedrina para financiar la campaña de Cristina Kirchner del año 2007. Cuando aún se desconocía la participación de esos laboratorios en el ílicito. Pero el juez Ariel Lijo, cuyo hermano Alfredo fue el principal gestor judicial de Julio De Vido, en un acto que para la señora de Kirchner habría sido persecutorio, lo llamó a declaración indagatoria nueve años después. El sindicalista Omar Suárez tenía un expediente abierto desde hacía 5 años cuando Rodolfo Canicoba Corral ordenó encarcelarlo.

En materia de ralentizamiento de causas como metodología práctica y concreta de lograr la impunidad encubierta también deberían recordarse algunos casos que Pagni no desconoce. En primer lugar el caso del Correo Argentino...otro caso que podría recordarse es el de Oscar Aguad por su actuación durante la intervención de la Provincia de Corrientes y algunos otros casos que terminaron por prescribir debido al paso del tiempo...o las absoluciones conseguidas para el Grupo Macri en los casos del contrabando de Sevel y de Boca Juniors, o incluso en el de las escuchas ilegales, en el que intervino no sólo el juez Oyarbide (un sospechado original) sino el propio fiscal Alberto Nisman (el prócer que somos todos). 

Más allá de sus incorrecciones informativas, aquí la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio, el mensaje que emitió la vicepresidenta es muy relevante. No solo porque es la primera vez que defiende a Ricardo Jaime. Claro que cuatro años después, acá la ironía. También porque vuelve a ofrecer su lectura sobre la corrupción. La prensa presiona para que los jueces castiguen a políticos como Jaime y López, o a empresarios como Báez, que pagan el precio de la demonización por haber luchado por la distribución del ingreso. A la explicación le faltó un capítulo, que expuso anteanoche Leopoldo Moreau: ese complot se organiza desde los Estados Unidos. Por ejemplo: para Moreau es clave saber que LA NACION publicó los cuadernos de Oscar Centeno la semana en que Edward Prado se hizo cargo de la embajada de ese país. Al parecer, los trajo en la valija.

Esta interpretación de los hechos no pretende solo construir una coartada inverosímil para justificar conductas ilegales. Tampoco se agota en ofrecer algún argumento, aunque sea inconsistente, a feligreses de buena fe que no entienden qué es lo que ocurrió con el patrimonio público durante los gobiernos a los que ellos mismos votaron. Y cómo van a entender lo que ocurrió si las usinas desinformativas estuvieron repitiendo hasta el cansancio para convencer, cosa que han conseguido, a las mentes más ingenuas que dos PBI fueron robados !!! No recuerdo a ningún periodista serio desmentir barbaridad semejante, lo que llama poderosamente la atención, dado el compromiso de dicho periodismo con la defensa de la información fidedigna al ciudadano...  

La principal función de esta concepción es proyectiva. Decir que los jueces no tenían nada que investigar, pero que salieron a perseguir inocentes presionados por la prensa facilitaría un objetivo: impedir que en el futuro el periodismo siga investigando y, con el resultado de su trabajo, promoviendo la acción de la Justicia. Este es un propósito que la señora de Kirchner ya dejó entrever. Decir, tergiversando los hechos, que la prensa presionó para que los jueces hagan lo que no debían, justificaría un proyecto de ley como el de las senadoras del Frente de Todos María Catalfamo, Ana Ianni, Nancy González, Ana Almirón y María Inés Pilatti Vergara, que establece la nulidad de las prisiones preventivas cuando se disponen "en casos cuya percepción podría haber estado condicionada por las publicaciones de la prensa". Proyecto del que bien podrían beneficiarse los eventuales procesados del gobierno del liberalismo macrista, eludiendo posibles prisiones preventivas, y mucho más y mejor que los funcionarios peronistas, que aún en los casos de los liberados en estos últimos meses se comieron una condena anticipada de unos cuantos meses, medibles en años, por lo bajo...

Cristina Kirchner fue un paso más allá. En su cuenta de Twitter abrió un interrogante estratégico al decir: "Ahora que las cosas empiezan a quedar al descubierto y que se desnudan los mecanismos de la persecución de opositores y del encubrimiento de la corrupción macrista, es más fácil entender la necesidad de volver a poner a la Justicia en la senda que la República le impone".

La afirmación supone la expectativa de que se activen causas de corrupción contra el gobierno de Cambiemos. Procesos que, a pesar de ser reclamados desde el poder político, serían justicia legítima. Sería pecar de mucha ingenuidad pensar que Pagni utilice esa expresión "serían Justicia Legítima", es inocultable su intención de darle una pátina de parcialidad. No lawfare. Un sector fundamental del lawfare, en su incidencia política, que es el más importante de los objetivos, es el de los medios masivos de comunicación, y en este caso estaría virtualmente ausente o muy poco presente pues es infinitamente superior el poder de alcance y cobertura de los medios neoliberales, defensora del macrismo, en comparación a su opuesta. Pero lo más destacable es que, en el contexto en que fue expresada, la declaración supone que la reforma judicial debe corregir las investigaciones sobre el kirchnerismo, por tratarse de persecuciones arbitrarias. Esta concepción de la Justicia no sorprende. La señora de Kirchner la profesa desde hace muchos años. Tal vez desde antes de verse afectada por las publicaciones de la prensa y la acción, muchas veces retardada, de los jueces. Sin embargo, lo que ella sostuvo ayer abre una enorme incógnita. Se trata de saber si el sentido que ella le está dando a la reforma judicial es el que le otorga el Presidente. Otra  vez intentando promover la cuña entre nuestros dirigentes protagonistas de hoy. Sobre todo cuando sostiene que los problemas de la Justicia no se arreglan con menos sino con más Justicia. Un significado central de la acción oficialista quedó envuelto, desde ayer, en una inquietante imprecisión.

NUESTRAS CONCLUSIONES SINTETICAS:

1. La corrupción es un fenómeno que está presente en todos los niveles de nuestra sociedad, y de muchas otras sociedades nacionales, y se presenta en las más variadas formas, algunas tan naturalizadas que son inadvertidas incluso para quienes las cometen a auxilian en su comisión. Puede haber existido en los gobiernos peronistas como en cualquier otro, en similares proporciones. Claro está que los peronistas no debemos ser tolerantes ni complacientes con los que así actúan y debemos exigir que se reduzcan y/o eliminen esas prácticas en los hombres de nuestros gobiernos. 
2. Pero la principal corrupción es la corrupción ideológico política, es la que promueve programas y/o planes de todo tipo que no son beneficiosos para la Nación y el pueblo argentino en su conjunto, al que excluye tácitamente de la participación en la política nacional. Esa es mucho más dañina que la burda práctica de la malversación o el robo, pues ataca fuertemente el tejido social, el sentido comunitario nacional y el debilitamiento de las herramientas fundamentales para resguardar soberanía e independencia. Ejemplo flagrante, políticas de endeudamiento externo que nos deja subordinados y dependientes en términos económicos, tecnológicos, educativos, sociales, etc. Parafraseando al veraneante perenne, esa corrupción es más mala que el coronavirus.
3. Puestos a evaluar los movimientos del Sr. Pagni en estos días, y superada la sorpresa por la revelación que hiciera en su programa, hemos escuchado y/o leído diversos enfoques sobre los motivos de dicha actuación . Nos inclinamos por uno que no es de nuestra creatividad pero nos pareció el que posiblemente se acerque más a la realidad. El propósito de revelar y mostrar cómo la presión mediática impulsó a ciertos jueces a actuar intempestiva y cuasi ilegalmente para evitar ser escrachados como cómplices por una supuesta inactividad complaciente. funcionó de maravillas en ese momento, abril de 2016. En pocas horas produjo frutos. Pero revelar aquel episodio actualmente vuelve a ejercer una presión mediática, pero ahora en sentido contrario. Hacer notar hoy que los jueces fueron muy susceptibles de presionar es obligarlos ahora a hacer aparentemente lo contrario, es decirles "ayer actuaron incorrectamente respondiendo a presiones" -aún cuando eso era lo que se perseguía- con la intención de que los jueces hoy se cuiden de ser vistos actuando de la misma manera con los eventuales casos del anterior gobierno que se van conociendo. Nada de actuar impulsiva e imprudentemente, nada de prisiones preventivas, demuestren que no son presionables. Garantías constitucionales para todas y todos, o todes si se prefiere. ¿Capiche signori Pagni?     
   Colaboraron hoy: CARLOS PAGNI (Periodista) RICARDO GRECO (4 de copas)