LOS SÓTANOS DE LA SALUD PÚBLICA

En los próximos días llegará al Congreso el proyecto que enviará el Poder Ejecutivo para darle un marco legal nacional a la interrupción voluntaria del embarazo. 

Derecho largamente reclamado y militado por una amplísimo colectivo de mujeres -y no pocos hombres-, que tiene y tuvo una enorme relevancia pública, especialmente en los úSltimos años.

Entre los aspectos más notables y destacados del proceso que se llevó adelante para impulsar políticamente el reclamo social hay que consignar y valorizar la enorme y persistente movilización que se llevó adelante.

Entendiendo por movilización, no sólo la presencia en las calles a partir de marchas y concentraciones diversas, sino principalmente las actividades de foros, congresos, asambleas, conferencias, etc.a través de las cuales se informó y debatió orgánicamente sobre el tema, y aún quizás más importante, tal como lo venimos sosteniendo desde siempre (ver nota anterior https://el4161.blogspot.com/2008/04/entre-el-entusiasmo-de-unas-horas-y-el.html) la discusión en los ámbitos privados, laborales, familiares, sociales en general, que abrieron el tema a la discusión masiva y democrática, de las que las grandes marchas y concentraciones no son más que sus frutos y consecuencias. También es importante reconocer y destacar que todo el proceso se desarrolló sin distinción de clases o sectores políticos partidarios.

Si tengo que recordar un proceso similar -por sus características- en los últimos tiempos, sólo viene a mi memoria el proceso que culminó con la presentación del proyecto de regulación de los medios de comunicación, elaborado en base al trabajo de la “Coalición por una radiodifusión democrática”, que realizó múltiples foros en todo el territorio nacional -aunque no contó con la masividad y difusión del que nos ocupa hoy-, conocido como la Ley de Medios, que supo conseguir un triunfo político al obtener la sanción legislativa, pero que lamentablemente resultó fallido en su aplicación, debido a las múltiples trabas y estrategias desplegadas por los intereses corporativos, especialmente en el ámbito judicial orgánicamente apegado al sostenimiento normativo del statu quo legal  y tradicionalmente alejado de las transformaciones reclamadas por los pueblos y fuertemente emparentado con las corporaciones y el poder económico tradicional en general.

Antecedente a tener en cuenta, dado que si bien no está garantizada de antemano la  aprobación del proyecto en ambas cámaras del Congreso, y tal como lo manifestó públicamente la actual Vicepresidenta, de no ser aprobado en este período legislativo no pasará mucho más tiempo para que lo sea. El fruto está indudablemente al caer. Pero no hay que descartar las dificultades que pueden enfrentarse para su puesta en práctica. Tanto desde el punto de vista político, como desde el jurídico y médico. Esa etapa requerirá, quizás, un esfuerzo mucho más amplio, intenso y distribuído para asegurar su eventual vigencia y cumplimiento.

El objetivo del proyecto, que principalmente es de protección de las condiciones sanitarias, no es promover el aborto, como se intenta instalar, sino garantizar que el mismo no se practique en condiciones clandestinas, sin los recursos y condiciones imprescindibles y a veces por personas que no son profesionales de salud idóneos, tal como efectivamente se realiza en muchísimos casos, especialmente entre las mujeres de pocos recursos ecónomicos, con el peligro de muerte consecuente, que muy a menudo se produce. 

Simultáneamente viene a desterrar abusos económicos que se cometen en esas prácticas como consecuencia de la clandestinidad mencionada.

Por otra parte el proyecto, tal como se denomina “Interrupción Voluntaria del Embarazo”, no pretende, de ninguna manera difundir la práctica generalizada y mucho menos obligatoria. El Estado argentino no es un estado confesional o teocrático, al menos formalmente, por lo que no es su función asegurar la obligatoriedad de mandato religioso alguno. Todo lo contrario, el Estado argentino, y en especial en lo que se refiere a la seguridad sanitaria, debe garantizar los derechos de todos los habitantes, sea cual sea su credo religioso, para aquellos que lo tienen. Tampoco es, entonces, subordinar sus acciones de gobierno a las posiciones de las jerarquías de esas estructuras. Y en definitiva el ejercicio de ese derecho queda sujeto a la decisión de las y los involucrados, cada uno de los cuales podrá elegir libremente de acuerdo, a los cánones por los cuales orienta su vida, y esto no constituye ofensa a la moral ni a las creencias de nadie.   

Más aún en el caso de muchos de los creyentes, y no creyentes, que se embanderan en la defensa de la vida, defensa legítima si las hay, aunque contradictoriamente no la promueven en toda circunstancia. Han sido difundidos en repetidos casos sus contradicciones y prejuicios al sostener que muchas mujeres de bajos recursos, especialmente jóvenes, se embarazan con el sólo y único fin de cobrar la AUH. Es notorio, además, que su defensa a rajatabla de la vida, no es aplicada con el mismo empeño en todo su tiempo y alcance, ya que se desentienden, e incluso a menudo se manifiestan en contra de los esfuerzos que hace el Estado para asegurar las condiciones mínimas de vida de los sectores más vulnerables. E incluso se agitan consignas promoviendo y/o celebrando la muerte en aras de un criterio de la seguridad que no es muy coherente con la consigna de proteger la vida. Es decir que se milita la consigna de proteger la vida “del niño por nacer”, pero después, y no mucho después, con “el niño nacido” no se sostiene con tanta vehemencia dicha protección, sino más bien todo lo contrario. Permanentemente hay casos de menores muertos, por  diversos motivos, que no conmueven de la misma manera.

Se ha puesto de manifiesto en reiteradas oportunidades, por lo que no vamos a extendernos en eso, la manifiesta inequidad que se verifica entre los distintos sectores sociales, ya que no es cierto que el aborto es practicado sólo por las mujeres más humildes. Lo que sí es cierto es que son muy diferentes las condiciones y consecuencias de cómo se lo practica. Entonces lo que se defiende no es la vida, como se pretende, sino la persistencia de los sótanos de la salud pública.

Ahora bien, es extensamente conocida la escasez poblacional de nuestro país, considerando su gran extensión. Y es cierto que, al menos en los planes de gobiernos justicialistas, existió la promoción de todo aquello que contribuyera a su aumento, tanto por razones territoriales como sociales y económicas. Pero eso siempre estuvo acompañado con políticas para crear las condiciones de trabajo, vivienda, salud, educación, justicia social y bienestar general. Entiendo que esas condiciones son las que efectivamente constituyen la auténtica defensa de la vida. E inclusive, para este caso particular que estoy tratando, creo que contribuirían a disminuir notablemente el aborto como una “necesidad” en razón de la indigencia y penurias existentes.

     

El gobierno ha dado a conocer, simultáneamente, que al mismo tiempo se pondrá en marcha a nivel nacional, un programa, llamado de los mil días, que ya venía siendo aplicado en algunas jurisdicciones provinciales y municipales, destinado a brindar contención a la mujer desde el embarazo y hasta los dos años de vida. Cabe recordar que el Plan Qunita, oportunamente puesto en marcha, fue discontinuado por el gobierno de Cambiemos y que el extinto juez Bonadío incluso pretendió quemar una parte muy importante de los kits que se dejaron de distribuir entre las beneficiarias.

Otro elemento importante de esta cuestión es la puesta en funcionamiento la Educación Sexual Integral, que entre otras cosas, con el tiempo, puede tener un resultado en el objetivo de evitar los embarazos no deseados, particularmente en el segmento de los jóvenes.

Desde mi punto de vista, como peronista, el gobierno debería incluir en el mismo proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo, del que estamos hablando, tanto los propósitos contenidos en el Plan de los Mil Días, como las normas necesarias para instalar, poner en marcha y sostener efectivamente la Educación Sexual Integral. Con el convencimiento de que eso constituiría una política integral correcta para enfrentar la problemática, ofreciendo y amparando en libertad y equidad a la totalidad de la población argentina, tanto no creyentes como creyentes de todas las religiones, dándole fuerza de ley a todas y cada una de las opciones que en esta cuestión necesiten y deseen adoptar las y los argentinos voluntariamente.

RICARDO GRECO

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